10 agosto, 2020

Proyecto de medidas de agilizaciones procesal

Recurrir ante el Tribunal Supremo requerirá un mínimo de 600.000 euros

Como informó DM ayer, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha sacado adelante, con los votos en contra del PP, el proyecto de ley de medidas de agilización procesal que, finalmente eleva de 150.000 a 600.000 euros la cuantía de los pleitos económicos que revise el Tribunal Supremo y no a 800.000 euros como parecía en principio.

Este límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo supone un incremento cercano al 300 por ciento respecto a la cuantía actual aunque es inferior al millón de euros que solicitaban los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, según ha manifestado Julio Villarubia, diputado socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, que ha precisado que los asuntos que revistan «interés casacional» podrán ser vistos por el alto tribunal.

La nueva norma cifra en 30.000 euros la cuantía para recurrir en apelación las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-administrativo y en 3.000 euros el límite para recurrir las resoluciones dictadas en juicios verbales por reclamación de cantidad.

  • El proyecto de ley cifra en 30.000 euros la cuantía para apelar las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso

La única decisión adoptada con la unanimidad de todos los grupos ha sido la que ha aprobado la enmienda transaccional que establece que los promotores paguen una tasa de 50 euros, en lugar de 90, en la tramitación de los procesos monitorios que excedan los 3.000 euros, estando exentos del pago de esta tasa en las demandas de inferior cuantía.

Según Villarubia, el proyecto de ley, que pasará a debatirse en el Pleno del Senado, beneficiará a los consumidores, a las pymes y a la competencia en el mercado al tiempo que garantizará la tutela judicial efectiva y agilizará la actividad de los juzgados y tribunales españoles, eliminando trámites innecesarios y reduciendo costes.

En declaraciones a Europa Press, Vicente Ferrer, diputado del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, no piensa así y ha cargado contra el resto de grupos por fijar de un modo «disparatado» la cuantía de 600.000 euros para recurrir al Tribunal Supremo y «privar de un plumazo» la casación para los autónomos y los pequeños empresarios.

A su juicio del diputado popular, la ley en trámite beneficiará a los «grandes usuarios» de la Justicia, los bancos y las empresas aseguradoras y se olvida de la gran mayoría de ciudadanos que tienen sueldos mileuristas.

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