1 octubre, 2022

El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los “sin papeles”

Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional –la sentencia tendrá que esperar, apunta EL PAÍS- echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando la suspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.

Toda la prensa se hace eco de este fallo que permitirá al Gobierno vasco seguir expidiendo tarjetas sanitarias a los inmigrantes “sin papeles” de acuerdo a unos criterios mínimos de empadronamiento y arraigo. El Ministerio de Sanidad acatará la decisión, según confirmaron a ABC fuentes del departamento que dirige Ana Mato.

Además del País vasco, otras comunidades como Andalucía, Asturias y Cataluña no han retirado la tarjeta sanitaria a este colectivo. Además de estas autonomías, otras cuatro —Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra— tratan de proporcionarles asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas y programas específicos. Nueve comunidades aplican el decreto del Gobierno a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Allí, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opción de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

El copago farmacéutico sigue suspendido

Sin embargo, el pleno del Constitucional mantiene la suspensión de aquellos preceptos del citado decreto vasco relacionados con el régimen del copago farmacéutico. El Tribunal Constitucional recuerda que la Abogacía del Estado ha aportado datos económicos sobre evolución del gasto farmacéutico en País Vasco que ponen de manifiesto la existencia de un incremento del gasto durante el tiempo que estuvo vigente el decreto impugnado, un aumento que «fue en paralelo a una disminución del gasto en las autonomías» donde se ha aplicado íntegramente la normativa estatal.

Fuentes: EL PAÍS, 18-12-2012 (pág. 36 de la edición impresa); ABC, 18-12-2012 (pág. 40 de la edición impresa); LA RAZÓN, 18-12-2012 (pág. 36 de la edición impresa); REDACCIÓN MÉDICA, 18-12-2012; DIARIO MÉDICO, 18-12-2012

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