1 octubre, 2022

El Gobierno autonómico ultima un decreto que establece en seis meses la espera máxima quirúrgica


Seis meses (180 días) será el tiempo máximo de espera que la sanidad pública asturiana fijará por ley para una operación cardíaca (sobre todo para implantes de válvulas) o para que un paciente sea intervenido de una prótesis de cadera o de rodilla. El mismo plazo (medio año) se establecerá para una cirugía de cataratas o para una histerectomía. Para pruebas radiológicas como un escáner (TAC), una resonancia, una mamografía o una colonoscopia, donde ahora se puede llegar a esperar hasta un año, el tope será de sesenta días (dos meses). Por encima de esos plazos, los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán exigir ser derivados a otro centro sanitario, incluso privado, para someterse a la operación o la técnica diagnóstica por la que llevan meses aguardando en la pública. Estas son las demoras máximas en sanidad que el Principado prevé establecer por ley, y que ayer anunció el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quien avanzó que el Principado ultima un decreto cuya tramitación iniciará «este mismo mes».

Según informa EL COMERCIO DE ASTURIAS, el disparadero de esta propuesta del grupo socialista ha sido la pretensión del PP de sacar adelante su propia ley de garantía de prestaciones sanitarias, la cual fija tiempos más cortos de los que planteará por decreto el Gobierno regional, y que se presentará a votación mañana en la Junta. El Gobierno regional, acusó al PP de querer «favorecer a la medicina privada» y también desde IU, su portavoz, Gaspar Llamazares, calificó la iniciativa de «oportunista y privatizadora». Del Busto (consejero), estimó que fijar en 45 días el tope máximo de espera para las consultas y en 120 días el de las operaciones, obligaría a la sanidad pública a «transferir entre 25 y 30 millones de euros» a costear actividad en «la sanidad privada. El PP solo busca favorecer a empresas de capital riesgo», acusó.

Veto a profesionales del Sespa

Una de las novedades que introducirá el decreto asturiano es que los pacientes que sean derivados no podrán ser operados ni atendidos en centros concertados o privados por profesionales que presten servicio en el Sespa.

Fuentes: SIMPA, 02-06-2016; EL COMERCIO, 02-06-2016

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